Cobro de piso

Abstract

La expansión de la extorsión en México es un fenómeno complejo impulsado por varios factores interrelacionados. Entre ellos, destacan la falta de confianza en las autoridades, la penetración del crimen organizado en diversos sectores, el uso de nuevas tecnologías para cometer delitos y la falta de oportunidades económicas en ciertas regiones. Una modalidad de extorsión es el cobro de piso, que consiste en el pago de cierta cantidad de dinero que se exige a individuos o negocios generalmente por parte de organizaciones criminales a cambio de protección o para evitar represalias. Los grupos delictivos acuden a los negocios y establecimientos para exigir, bajo amenazas, que los dueños paguen una cierta cantidad de dinero periódicamente. El objetivo es ofrecer “protección” ante la amenaza de dañar el negocio o a la persona dueña del establecimiento. El extorsionador se presenta como “el protector”, mientras que el delincuente puede ejercer violencia si la cuota no es pagada. “Para los criminales ya no hay actividad, giro o negocio formal o informal al que no extorsionen, además de controlar también ya mercados enteros en el país de productos como el pollo, las tortillas, el huevo, los materiales de construcción y muchas otras actividades que ya no pueden operar tranquila y legalmente si no le pagan cuotas e impuestos a los criminales. Y los que se niegan a pagar de plano son asesinados, ven arder sus negocios en llamas o, los más valientes, prefieren cerrar sus negocios familiares, empresas o vendimias, para no tener que pagarle impuestos al crimen organizado, además de los que ya le pagan al gobierno”. (García Soto, 2024) En México el crimen organizado ha determinado que a cualquier persona que produzca algo, venda cualquier cosa o comercie cualquier tipo de bienes y servicios tiene que pagar una cuota para poder trabajar, no importa si es un vendedor ambulante de la calle, un pequeño negocio familiar, una empresa mediana o incluso una gran cadena de supermercados. Se sospecha que la mayor parte de los homicidios dolosos registrados en el país están vinculados con el cobro de derecho de piso en bares, tiendas de abarrotes, comercios ambulantes, ganaderos, agricultores, transportistas, carniceros, gasolineras y panaderías. “Uno de los principales motores del crecimiento de la extorsión es la baja probabilidad de castigo. Según diversos estudios, la mayoría de los casos no se denuncian por temor a represalias o desconfianza en las autoridades. Incluso cuando se presentan denuncias, los procesos son largos, opacos y, con frecuencia, terminan sin consecuencias para los responsables. Esta falta de respuesta efectiva alimenta un ciclo de silencio y vulnerabilidad. En varias regiones del país, la extorsión forma parte del “modelo de negocios” de grupos criminales que han diversificado sus fuentes de ingreso. Su impacto va mucho más allá del pago exigido: afecta la economía familiar, deteriora la salud emocional y debilita el tejido social”. (Martínez, 2025) La cifra negra[1] de delitos contra negocios no denunciados y no investigados durante el año 2023 llegó al 96.7%, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2024). Esto significa que por cada 100 delitos cometidos contra negocios, solo 3.3 fueron denunciados y/o investigados por las autoridades. Esto indica un alto nivel de impunidad y subregistro de la delincuencia contra empresas.

[1] De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cifra negra representa todos los “actos delictivos que no son reportados ante el Ministerio Público o que no son objeto de una averiguación previa y por tanto no figuran en ninguna estadística”. Con el nuevo sistema de justicia penal se agregan a la definición de cifra negra los delitos para los que no se haya abierto una carpeta de investigación.